Suspenden audiencia a Chichi de Obarrio
La audiencia preliminar alterna programada por el Juzgado Decimosegundo de Circuito Penal de Panamá, dentro del proceso seguido a Adolfo De Obarrio y otros, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, no se realizó por recursos presentados por abogados de la defensa, y se fijará una nueva fecha de audiencia hasta que los mismos sean resueltos, de forma tal que no se vulneren los derechos de los vinculados.
Esta audiencia alterna, dentro del proceso seguido a Adolfo de Obarrio y otros, por el delito contra la administración pública, fue suspendida en primera instancia, por una advertencia de inconstitucionalidad, presentada el 31 de julio de 2018, por la firma José María Castillo, en el que se solicitaba, se elevara la consulta ante la Corte Suprema de Justicia y se suspendiera el proceso, hasta un pronunciamiento de ese máximo tribunal.
En tanto, el día de ayer, 7 de agosto de 2018, se le notificó al Juzgado Decimosegundo de Circuito Penal que el licenciado Víctor Collado Sánchez, abogado sustituto de Adolfo de Obarrio, presentó el pasado 2 de agosto del presente año, ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, un Amparo de Garantías Constitucionales, y por consiguiente, solicitó no se realizara dicho acto de audiencia para el día de hoy.
Por otra parte, el juez Decimosegundo de Circuito Penal, Oscar Carrasquilla, negó la acumulación de dos procesos seguidos a Adolfo de Obarrio y otros, por los delitos contra el orden económico y contra la administración pública, solicitud presentada por el licenciado Eduardo Raúl Sequeira, por lo cual fue objeto de apelación por parte del licenciado Sequeira.
El Tribunal acotó que las partes estaban notificadas de este acto de audiencia por edicto emplazatorio y mediante oficios, por consiguiente el artículo 2621 del Código Judicial, hace referencia, a que el funcionario requerido deberá suspender inmediatamente el acto de audiencia, y se abstendrá de realizarlo, mientras se decidan los recursos interpuestos por los abogados de la defensa.
Esta investigación inició por una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que da cuenta de que un exfuncionario del gobierno anterior, no podía justificar 3 millones de dólares.