Procurador de la Administración debe declararse impedido en caso de los “varelaleaks” que salpican a Kenia Porcell
Mientras no se haga efectiva la renuncia de Kenia Isolda Porcell como Procuradora General de la Nación, todo lo relativo a cualquiera investigación respecto a los llamados Varelaleaks y la participación de ella, quedan en una incertidumbre, manifestó a La Verdad Panamá el jurista Luis Fuentes Montenegro.
Sustenta su punto de vista señalando que queda en manos del Procurador General de la Administración realizar la investigación , “aunque desde mi punto de vista, se debe declarar impedido, pues ya emitió públicamente criterio, señalando que la información hecha pública se obtuvo ilícitamente”.
Tan pronto se haga efectiva la renuncia, la investigación debe salir de la competencia del Procurador General de la Administración. En realidad Kenia Porcell no ha renunciado legalmente, ha manifestado que procederá a hacerlo, para que se pueda hablar de renuncia la misma debió ser de forma inmediata, apuntó Fuentes Montenegro.
El dilema de los llamados Varelaleaks plantea dos aspectos: por un lado el de la obtención ilícita de la información y por el otro lado, el del contenido de esa información. Al margen de la ilicitud de la información obtenida y divulgada, su contenido, por lo grave, por lo presuntamente delictivo, inherente a una asociación ilícita para traficar influencia y de una naturaleza de delincuencia organizada, debe ser investigado, a fin de corroborar si tales hechos, son ciertos o falsos, afirma el abogado.
En caso que se verifique la veracidad de los mismos, entonces se debe determinar las responsabilidades penales, al margen de que sea la Procuradora General de la Nación, varios fiscales, el expresidente de la República, etc. Se debe investigar con las garantías procesales a fin de que los investigados, puedan ejercer plenamente sus derechos de defensa.
Lo saludable sería una renuncia inmediata, pues evita malas percepciones, menos enjambres en el camino y menos afectación a una institución pública que sin dudas requiere renovación, pero con miras al fortalecimiento de la independencia, la imparcialidad, con apego único a la constitución y estricta legalidad, sentenció Luis Fuentes Montenegro.
Se confirma la violación al Estado de derecho
El abogado Angel Calderón señaló a La Verdad que la renuncia de Porcell confirma la violación del Estado de derecho, los principios y garantías constitucionales al permitir la injerencia directa de un órgano del Estado en otro, violando e irrespetando con ello la separación de los poderes y, por otra parte, que quien lo permite es precisamente la persona llamada a defender esos derechos y principios, por lo que no se trata de un refrito u omisión, sino va más allá.
“El resultado a la larga será el mismo, días más, días menos, el daño está hecho y no tenía sentido postergar el sufrimiento de la ya maltrecha justicia panameña. Bastó decir chao y que el emisario diera la noticia. El remedio fue peor que la enfermeda, salvo que se busque otras cosas en estos días”, finalizó Angel Calderón.