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Privadas de libertad  claman  por    conmutación de  penas, mantenerlas detenidas pareciera  un negocio, afirman

Mantener  a los detenidos  en los centros  carcelarios  se  ha convertido en un negocio en detrimento de los  derechos de muchos  que  han cumplido  con los  requisitos  para  calificar  al reemplazo  de  la privación de  libertad,  reveló  una  fuente que  perteneció  al sistema.

En este tiempo en el que  el gobierno maniobra  con los recursos  para combatir  esta pandemia, se necesita  de  personal  que pueda  colaborar  con la  limpieza  y   otras actividades  que se requieren para  prevenir  enfermedades. Una de las  alternativas  sería aprovechar la mano de obra  de los privados de libertad, lo que  representaría  ahorros  para  el Estado  y de paso  ayudaría  a aliviar   el hacinamiento  carcelario, explicó  la fuente.

El gasto de la planilla estatal con el trabajo y labor comunitaria gratuita por parte de los privados en escuelas, hospitales e instituciones   se reduciría de manera  significativa,  sin embargo, nos lo  niegan, señaló  una privada  de libertad  del  Centro Femenino de  Rehabilitación.

Un  ejemplo de estas  actividades  dirigidas  a la conmutación de penas  es  el programa de  reparación de  escuelas  como parte  de un  programa de resocialización  del Sistema  Penitenciario.

El problema  radica  en que, mientras   más personas privadas de libertad, mantengan en las cárceles del país,  más recursos para manutención, alimentación, y pago de funcionarios se necesitan, pareciera  que ahí está  el gran  negocio, expresó la fuente.

Un  exministro de Gobierno  explicó a   este medio  que con la   aplicación  del  Sistema Penal Acusatorio, se esperaba  bajar el hacinamiento  en las  cárceles del país producto del  antiguo sistema  inquisitivo    en el que se  abusaba  de la detención preventiva, con medidas  ejecutivas de rebajas de pena, libertad  condicional  y actividades  conmutables  establecidas  en resoluciones  en las que  finalmente  el  juez  respectivo reconocía la libertad  del privado de libertad.

 Explicó que el Código Penal  establece  que el  Juez de Cumplimiento  previo  a la evaluación de la  Junta  Técnica Penitenciaria, reconocerá  adicionalmente  a favor  del privado  de  libertad  un día de  prisión  por cada  dos días  de trabajo, estudio  o participación  como  instructor. El día de trabajo se computará  por cada  8 horas  y el día de estudio  por  cada  seis  horas.

El  trabajo, estudio o enseñanza no se  llevará    a  cabo los domingos  y días festivos, por lo que  no se tendría en cuenta para la conmutación de la  pena, salvo    excepciones  con el   trabajo  de aseo y provisión de alimentos intramuros, justificado por la Junta Técnica  Penitenciaria  y aprobada  por el juez de cumplimiento respetivo.

La mayoría de las mujeres antes de la pandemia estaban estudiando, trabajando resocializándose y ahora no estamos haciendo nada solo 7 meses de encierro lo cual es  inhumano, exclamó una de las  afectadas.

En tiempos en que la economía mundial está afectada, y los estados están obligados a reducir el gasto público, los privados ya no seríamos un gasto, pues los privados al trabajar gratis para el Estado, representaría una ganancia,  más aún si las penas se convierten en multas, señalaron.

Reconocen  las  detenidas  que  el  gobierno  destina  los recursos  para  el sostenimiento de   la población carcelaria, “ pero no llegan a los centros carcelarios en el camino unos cuantos funcionarios del gobierno se los roban, por eso los privados de libertad tiene que comprar sus alimentos, los insumos para aseo, los materiales para el mantenimiento y a los funcionarios ganando  sueldos de  hambre”.

Nos estamos enfermando física y mentalmente, debido al encierro, hay una plaga de hongos, chinches y alimañas que nos están comiendo vivas. Hay muchas riñas entre internas por el estrés que estamos sufriendo, desde  el encierro que inició el pasado 16  de marzo, concluyeron.

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