Presentarán querella en contra de funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá
Redacción La Verdad Panamá
Directivos del Proyecto Librada Corrales, interpondrán querella contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y funcionarios de la institución, ante la negativa a solicitudes de una certificación de uso de suelo para la extracción de minerales no metálicos.
En efecto, por medio de la firma Forense Jaén y Asociados se ha realizado la queja formal ante el Administrador del Canal de Panamá en contra de dos funcionarios de la institución, por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servicios públicos.
Daniel Muschett, vicepresidente de Agua y Ambiente y Lisbeth Karina Vergara Pinto, de la División de Políticas y Protección Ambiental, funcionarios de la ACP, han sido señalados como los principales autores en presentar notas sin validez legal que impiden la certificación del uso de suelo para la realización del Proyecto Librada Corrales, además de ocasionar perjuicios al señor Reinaldo Henry Cedeño, promotor del proyecto, ante las negativas en la solicitud de uso de suelo para la extracción de minerales no metálicos.
Las objeciones por parte de los funcionarios de la ACP han sido constantes a pesar de que el proyecto no se encuentra en compatibilidad con el Canal de Panamá y bajo la elegibilidad y vigencia en los estudios de impacto ambiental, además de cumplir con todos los requisitos del Código Minero, señala la firma de abogados.
Asimismo, el representante legal de este Proyecto, Valentín Jaen, asegura que el proyecto cumple con todas las normas ambientales vigentes de Mi Ambiente y demás entidades como el Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio, Sinaproc y el Ministerio de Obras Públicas.
De esta manera, el señor Henry Cedeño, promotor del proyecto, denuncia una monopolización del área por parte de la Autoridad del Canal de Panamá a favor de una transnacional cementera, basándose en declaraciones dadas por un funcionario del departamento de Ambiente de la institución, el cual indicaba que la ley 21 de 2 de julio de 1997 fue creada única y exclusivamente para favorecer a esta transnacional, por lo tanto, para que Cedeño pudiera realizar sus actividades sin inconvenientes, debía ceder los derechos de extracción a la transnacional.
Valentín Jaen, abogado encargado, hará oficial en las próximas semanas la querella en contra de estos funcionarios involucrados por supuestamente detener el proceso de la solicitud realizada y asimismo informan que al no obtener respuesta por parte de la Autoridad del Canal de Panamá procederán a imponer una demanda en concepto de daños y perjuicios.
Foto: EFE