Nuevos magistrados no garantizan la “muerte” de la venta de fallos

Edmundo  Dante  Dolphy / La Verdad Panamá

La designación de los  nuevos magistrados de la Corte Suprema de  Justicia  ha  acaparado los titulares de  los medios  de comunicación social y  está en la mira  de  la clase política, una de las más interesadas  en conocer  si la decisión de  Laurentino  Cortizo camina  en la  dirección de una correcta  administración de  justicia  o se ajusta a  las necesidades  e intereses  de   los sectores  poderosos  del país  que manejan cual arlequín un  sistema colapsado, agotado y preñado de corrupción.

La podredumbre  del  sistema judicial  no radica  únicamente en la cabeza, hay  un cuerpo entero  de  magistrados, jueces  y fiscales  en completo estado de  descomposición, que anteponen los  intereses  personales por encima  del compromiso  profundo de administrar  justicia  en nombre  de  la ley  y la  Constitución Nacional.

La  ausencia de  brazos  correctivos,  de hombres de  ley revestidos  de lo más  caros  principios éticos  y morales  al momento cumbre  de  administrar  justicia siguen  haciendo  muy  vulnerable  el sistema  que ante  la faz del país, se le observa como  un  bazar  en el que  la oferta  y demanda por  un  fallo  o resolución  es  una de  sus  principales  características.

El virus  de  la  corrupción se esparció desde  hace  muchos  años  en este  órgano  del  Estado  que  solemnemente  debiera  representar  la columna  más  sólida  de  un sistema  democrático, oxigenándolo de  transparencia, seguridad  jurídica  y  de  una  cultura  de  legalidad  que  ayude  a la construcción de  una  nación con valores, respeto  y  equidad.

Los escándalos  por la venta de  fallos  y absoluciones  que, desde  el punto de  vista jurídico  no resisten  el más mínimo análisis, son de  vieja  data  y  uno de los  ejemplos más  emblemáticos  fue la creación del  Pacto de  Estado  por la  Justicia  que precisamente emergió  por  la confesión de un  magistrado   que reconocía  que  en  el interior  del edificio  Gil Ponce, la corrupción  le asestaba  una  puñalada  artera a  la sagrada  misión de  administrar  justicia  fundamentados  en los códigos, leyes  y Constitución Política pues, la negociación de  fallos formaba  parte de  la  “institucionalidad”.

Un Sistema Penal Acusatorio integrado por jueces divorciados del dogma jurídico, sin la trayectoria ni solvencia moral para administrar justicia y cuyos nombramientos fueron altamente sospechosos.

La  confabulación y  el sometimiento a quienes detentan  el poder  de  corporaciones con mucha  influencia se mantendrá  incólume hasta  el momento  en el que se presenten  al escenario  ciudadanos  dispuestos  a  convertirse  en agentes de  cambio, valientes y, sobretodo, temerosos de  Dios; pienso que debe haberlos  en este augusto  país que apuesta  por la  moralidad y no por  la  trampa.

La decisión de  Nito  Cortizo no será buena  ni mala, ello dependerá  de los  valores y principios  que le inculcaron a  cada  uno de los  designados, de  su compromiso  con Panamá, de su  fortaleza y blindaje  para  repeler propuestas  encaminadas a  torcer  fallos  a cambio de  transferencias  bancarias o maletines de cuero  fino  de contenido irresistible.

Esta  cita de  Petronio  es importante  analizarla: “La  justicia  no es más  que una  mercancía pública, y el caballero  que preside  el tribunal ratifica  las  transacciones”.

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