Niegan  afectación de  derechos a Rolando  López exdirector del Consejo de  Seguridad en caso de tráfico de  armas

La Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada logró  que se le negara  afectación de derechos  al  exdirector  del Consejo de  Seguridad  Rolando López  y  que se  le formularan cargos por tráfico  de  armas a un exdirector de la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, al cual se le dio la medida cautelar de notificación dos veces al mes, pese a que el Ministerio Público pidió arresto domiciliario.

Lo anterior se da por la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público donde se señala que la empresa  Aerotécnica de Panamá había estado introduciendo una serie de armas de fuego, algunas  señaladas  de guerra por la propia DIASP, con intermediarios del Estado (altos funcionarios de estamentos de seguridad en el período 2010-2019), para la adquisición de las mismas. Estos  exfuncionarios  son  Omar Pinzón, Frank Abrego, Rolando  López, entre  otros.

Señala  el boletín de  prensa  del Ministerio Público  que a  pesar de existir una veda de armas en el país, estos altos funcionarios utilizando un documento llamado “Certificado de Usuario Final”, emitido por estamentos de seguridad, lograron introducir las armas y colocarlas en depósitos de estas mismas instituciones, como muestras para posteriormente depositarlas en la Dirección Nacional de Armamento Policial, para posteriormente sacarlas y registrarlas con sus respectivos permisos a nombre de ellos comercializándolas para obtener lucro, a pesar que existe desde el 26 de octubre de 2010, veda de armas en nuestro país.

Producto de la denominada  Operación Furia  a 8 exfuncionarios de altos cargos, se les imputó por el delito de Posesión y Tráfico de Armas en el cual se encuentran agravantes ya que la transacción se hizo presumiblemente con documentos alterados y  en  nombre del Estado Panameño.

Aunque las armas mantenían permisos y certificados originales emitidos por la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad, el tipo penal va dirigido a la introducción de las mismas al territorio nacional, así como su venta y sus traspasos (delito de Tráfico de Armas).

Hasta ahora la Fiscalía ha recuperado 49 armas de fuego, 34  fueron decomisadas mediante la operación “Furia”, el pasado 14 de julio de 2020, las cuales se encontraban en manos de particulares.

 

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