Niegan afectación de derechos a Rolando López exdirector del Consejo de Seguridad en caso de tráfico de armas
La Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada logró que se le negara afectación de derechos al exdirector del Consejo de Seguridad Rolando López y que se le formularan cargos por tráfico de armas a un exdirector de la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, al cual se le dio la medida cautelar de notificación dos veces al mes, pese a que el Ministerio Público pidió arresto domiciliario.
Lo anterior se da por la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público donde se señala que la empresa Aerotécnica de Panamá había estado introduciendo una serie de armas de fuego, algunas señaladas de guerra por la propia DIASP, con intermediarios del Estado (altos funcionarios de estamentos de seguridad en el período 2010-2019), para la adquisición de las mismas. Estos exfuncionarios son Omar Pinzón, Frank Abrego, Rolando López, entre otros.
Señala el boletín de prensa del Ministerio Público que a pesar de existir una veda de armas en el país, estos altos funcionarios utilizando un documento llamado “Certificado de Usuario Final”, emitido por estamentos de seguridad, lograron introducir las armas y colocarlas en depósitos de estas mismas instituciones, como muestras para posteriormente depositarlas en la Dirección Nacional de Armamento Policial, para posteriormente sacarlas y registrarlas con sus respectivos permisos a nombre de ellos comercializándolas para obtener lucro, a pesar que existe desde el 26 de octubre de 2010, veda de armas en nuestro país.
Producto de la denominada Operación Furia a 8 exfuncionarios de altos cargos, se les imputó por el delito de Posesión y Tráfico de Armas en el cual se encuentran agravantes ya que la transacción se hizo presumiblemente con documentos alterados y en nombre del Estado Panameño.
Aunque las armas mantenían permisos y certificados originales emitidos por la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad, el tipo penal va dirigido a la introducción de las mismas al territorio nacional, así como su venta y sus traspasos (delito de Tráfico de Armas).
Hasta ahora la Fiscalía ha recuperado 49 armas de fuego, 34 fueron decomisadas mediante la operación “Furia”, el pasado 14 de julio de 2020, las cuales se encontraban en manos de particulares.