El tema de las utilidades públicas no debe ser desconocido por los abogados
Por: Licenciado Gonzalo A. Hincapié M. Abogado – Administrador de Obras
En este momento, el país está pasando por una situación difícil, ocasionada por la Pandemia “Covid-19” es por tal motivo que algunos proyectos quedaron a la espera de su culminación. Uno de ellos lo es, la obra denominada; Estudio, Diseño, Construcción, para la Rehabilitación de la carretera Transístmica, tramo Plaza Ágora – Estación de San Isidro, que el MOP inició su construcción en el año 2017, con un costo aproximado de 87.5 millones. Dicho proyecto ha pasado por varias administraciones de gobierno y no ha sido culminado.
Según publicación de un diario de la localidad, este proyecto al igual que otros, reiniciarían sus actividades en agosto de 2020 y así se reactivaría la empleomanía en el tema de la construcción, dando la oportunidad de empleo directo de aproximadamente cuatro mil panameños, con una planilla mensual de 4.4 millones, información suministrada por el Ministerio de Obras Públicas. Actualmente el proyecto cuenta con un avance constructivo de un 80% y solo le hace falta los trabajos relacionados con las utilidades públicas, indicó el actual Director de Proyectos Especiales del MOP.
Es importante hacer del conocimiento de los distinguidos colegas abogados, que las Licitaciones Públicas, en materia de construcción de obras, como puentes vehiculares, peatonales, rehabilitación de carreteras, ampliaciones, construcción de retorno tipo herraduras etc. que realiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP), como administradores; en su mayoría son realizadas por la Dirección de Contrato (MOP) y seguido pasan por los abogados que conforman la Dirección de Asesoría Legal; los mismos revisan los renglones relacionados con los aspectos legales que son de su conocimiento; mas no así, ¿el porqué de los costos? Simplemente, dan su aprobación para la apertura a Licitación Pública de los proyectos, sin saber a qué se están exponiendo. Existe un tema relacionado con los costos en materia de reubicación de las utilidades públicas, que desde hace más de tres períodos de gobierno han pasado inadvertido, por el desconocimiento real del tema, por los letrados del derecho. Los costos ofertados por los oferentes, simplemente son aceptados en sus ofertas, sin tener cuestionamiento alguno por parte del MOP. Esta situación viene sucediendo aproximadamente desde el año 2004 a la fecha.
El desconocimiento del tema de las utilidades públicas, que se refiere a todas las infraestructuras que al momento de la construcción de la obra están ubicadas dentro del área afectada por el proyecto. Sin embargo, al momento de proceder con su reubicación, las mismas están cumpliendo o realizando sus funciones para las cuales fueron construidas (electricidad, telefonía, fibra óptica, cableado subterráneo, etc.). Al darse la privatización, las utilidades quedaron distribuidas en diferentes porcentajes de la siguiente manera: a los administradores de las utilidades, al Estado y otra a los empleados; dependiendo de las actividades realizadas; generación, transmisión y distribución, como también en el caso de las actividades de telefonía, fibra óptica etc.
Es importante que los abogados estemos actualizados en esta temática para no quedar involucrados en la aprobación de licitaciones públicas, que en algunos casos son acomodadas para favorecer algunas empresas y lo hacen precisamente dentro del tema de las utilidades públicas, que por lo general es un renglón que nadie objeta.
Y es que si hay algo coincidente, es que los grandes casos de corrupción, tienen su génesis en materia de ejecución de obras públicas, que es donde más atracan al Tesoro Nacional.