Dueños de albergues podrían ir a prisión por ser responsables de supuestos maltratos a menores
Redacción / La Verdad Panamá
El abogado Alfonso Fraguela sostuvo que las personas que administraban los albergues y sus colaboradores, deben responder judicialmente y en caso que se les compruebe su culpabilidad, enfrentarían una condena de hasta seis años de cárcel.
El jurista explicó que las personas que regentan los albergues, tienen bajo su cuidado a los menores de edad, por lo que tienen una responsabilidad de todo lo que ahí ocurra.
Fraguela dijo que los que resulten responsables deben asumir las consecuencias económicas por el delito cometido, tal cual lo señala el articulo 122 del Código Procesal Penal, que se refiere a la acción restaurativa proveniente del delito, es decir una indemnización a los afectados.
El Titulo V de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y Estado Civil, en su Capitulo II Maltrato de Niño, Niña o Adolescente del Código Penal, señala en el Artículo 202 penas de prisión de 2 a 4 años y la agravante de 3 a 6 años se aplicará cuando el actor de la conducta de maltrato está encargado de su cuidado y atención.
El fin de semana comenzó a circular en internet un informe donde se destaca el estatus de diez albergues a nivel Nacional, la mayoría cerrados y otros con un permiso provisional, pero todos investigados.
El documento señala a la Casa Hogar La Semillita Panamá Oeste a quien se le canceló el permiso de funcionamiento y cierre por incumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 26 de 21 de abril de 2009, específicamente el artículo 40 que habla faltas muy graves.
En este caso hay una denuncia Penal por la presunta comisión de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual contra una niña durante su estadía en el albergue.
La publicación lista al Hogar Dr. Eno Ejército de Salvación de Colón
a quien también le fueron suspendidas las operaciones del por igualmente cometer faltas muy graves, denuncia penal que se encuentra en Ministerio Público.
Según el informe al Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró con sede en Chiriquí, se le suspendió el permiso de funcionamiento pero se le otorgó un permiso de funcionamiento provisional mediante la Resolución Administrativa No. 004-2019-CCC-DAPI de 22 de agosto de 2019.
El albergue Arturo Miró no cuenta con un Plan de Intervención Individualizada, ni tampoco con contenidos del Plan de Intervención Individualizada.
De acuerdo al informe, el Centro de Atención Integral, Fundación Chilibre Panamá, no se le renovó del permiso de funcionamiento debido a la falta de planes y programas que garanticen la protección integral de niños, niñas y adolescentes y al incumplimiento de los derechos que brinden seguridad física, mental y juridica de los niños niñas y adolescentes que tenían bajo su responsabilidad.
El documento también señala que a la Casa Hogar Mi Milagro Panamá se le canceló el Permiso de Funcionamiento y Cierre por falta de recursos para continuar con las operaciones. Mediante la Resolución Administrativa NO. ADM-DG-005 del 10 de junio de 2020.
En tanto al Hogar Rosa Virginia Panamá (Protección), le fueron suspendidas las Operaciones por la denuncia interpuesta por la presunta comisión de Delito Contra el Orden Juridico Familiar y el Estado Civil en su modalidad de Maltrato al Niño, Niña y Adolescente el 30 de septiembre de 2020.
En este caso hay una investigación que adelanta la Fiscalía de la Sección Especializada de Familia Area Metropolitana, por la supuesta comisión del Delito contra el Orden Jurídico Familiar y Estado Civil en su modalidad de Maltrato al Niño, Niña y Adolescente.
En este caso el Hogar Nuestra Señora María Reina también fue cerrado pues se encuentra en la misma estructura que el Hogar Rosa Virginia.
En tanto el Centro de Rehabilitación Vida Libre Panamá recibió la cancelación de permiso de funcionamiento y Cierre por falta de recursos para continuar con las operaciones.
El documento señala que a la Fundación Creo en Ti Panamá Oeste, se le suspendió el permiso de funcionamiento provisional debido a faltas graves establecidas en el artículo No. 41 de Decreto Ejecutivo No 26 de 21 de abril de 2009, numerales 9 y 12.
Finalmente la Fundación Luz y Esperanza tiene una investigación abierta por malas condiciones y denuncia ciudadana de irregularidades.
Además existe una denuncia interpuesta, por atención primaria el 14 de diciembre de 2020, por presunto abuso sexual.