¿Cómo opera Odebrecht en República Dominicana?
Por Juan Carlos Espinal
La constitución de la República Dominicana es como un cuento de hadas fabricado por jurisconsultos al servicio del gran capital de empresas quienes a su vez son sus asalariados. Estos asalariados representan los designios ideológicos y políticos de la plutocracia que a su vez responde a la oligarquía. Esta oligarquía Dominicana responde a los dictados de los intereses de las multinacionales europeas o norteamericanas que de igual manera responden a los contratos.
Estos contratos , es decir, los negocios que realiza el estado con las empresas son supervisados por los ministros del gobierno de turno que al mismo tiempo son suplidores con empresas privadas paralelas. Estas empresas privadas paralelas poseen un común denominador : suplen de mercancías a los gobiernos.
Los gobiernos nacionales ordenan a los legisladores sobrevaluar las contratas de obras públicas, las minas, los combustibles, etc. Estas actividades delictivas no poseen regulación alguna del congreso y los organismos de control como la Cámara de Cuentas u algún organismo judicial de fiscalización. Estas sobrevaluaciones pasan al presupuesto nacional que es utilizado para sobornar a los medios de comunicación, los jueces, los alcaldes, los ministros, los legisladores y así controlar los poderes públicos.
Asimismo estas operaciones encubiertas gozan del respaldo de aliados incondicionales en diversos sectores de la plutocracia quienes a su vez tienen la encomienda de comprar titulares y editoriales de periódicos, alquilar cuantas horas de radio y TV sean posibles y marcar la agenda de la estructura de la hiper corrupcion del lavado de activos. Estas operaciones en dinero en efectivo dañan la salud, la educación y torpedean la estabilidad financiera de la economía.
Todo este escenario que se presenta en el país no es más que el resultado de alianzas publico- privadas con la anuencia de autoridades electas que gozan de credibilidad pública, legitimidad social y a quienes se les supone equidad. Las fuentes de la cadena de pagos estructurados se manifiesta a corto, mediano y largo plazo en el soborno a los lideres políticos de oposición dispuestos ha legalizar este tipo de entramado criminal.
En ese sentido se da inicio a la cooptación de legisladores, alcaldes, regidores de oposición tratando de crear tendencias falsas de opinión a través de oficinas de abogados y relacionistas públicos. Los contratos aprobados en el congreso van a parar entonces a manos de los financistas de las campañas políticas quienes al tiempo que son juez y parte limpian las huellas dejadas por el rastro del capital en el sistema financiero local.
Ese capital golondrina es utilizado para múltiples finalidades. La más llamativa finalidad es la transacción de capitales sin regulación vía electrónica. Esa es la operación clandestina que ha obligado a los gobiernos y a sus presidentes a obrar en la sombra a través de complejísimos y vastos sistemas de información en clave conformados incluso por los organismos de inteligencia del estado.
En el estado actual la constitución de la república es un pedazo de papel. En ese sentido la legitimidad de la institucionalidad democrática es ficticia por tanto el estado pasa a ser una empresa paralela del propio estado. Los vacíos constitucionales y legales son a fin de cuenta parte de la urdimbre que permite a los presidentes obrar sin ser detectados por los investigadores. Esa es una de las tramas del Lawfare.
El Lawfare ( judicialización, criminalización y politización de los poderes públicos) forma parte de la infantería de extorsión y chantaje de las políticas comunicacionales del estado. No es una novela de terror la que estamos narrando. Ni es un guión cinematográfico el que describimos. El tema central es la reestructuración criminal que el estado dominicano ha permitido contra el interés nacional y la explotación de sus ciudadanos.