Veda de armas  fue aprovechada  por altos miembros de los  estamentos de  seguridad

La Asociación Panameña de Propietarios de Armas siempre manifestó que habían intereses detrás de la  medida de  mantener la veda  de armas legales  en el país   y que los altos mandos de seguridad tenían que ver con ello, expresó  a La  Verdad  Panamá  el presidente  de  este  gremio Isaac  Brawerman, en reacción a la  investigación que realiza  la  Fiscalía  Superior contra  la  Delincuencia  Organizada  en un caso de  posesión, tráfico de armas  y  explosivos.

Llama poderosamente la atención que esas armas fueron tramitadas en 2016, mientras que en marzo de 2017, el mismo Omar Pinzón, en una entrevista ante un noticiero televisivo, recomendó mantener la veda de armas legales, so pretexto de que “tenían muchos problemas con gente que le prestaba armas a los maleantes” y que era mejor “menos armas en las calles”. Esto a sabiendas de que había adquirido rifles deportivos de alto poder, meses antes, puntualizó Brawerman.

“Cabe destacar que Rolando López era Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, entidad que recomendaba al Presidente no eliminar la veda de armas. Al parecer, mientras esa era la recomendación, los principales encargados de la seguridad panameña se adueñaban del derecho a adquirir armas legales”, sustentó.

En cuanto a que sean armas de guerra, por los modelos publicados – sostiene el  presidente de la  Asociación Panameña de  Propietarios de  Armas-  que  no pareciera que lo son. Habría que ver si la fiscalía realizó la prueba de campo en polígono para determinar si las armas pueden disparar en automático o ráfaga, de acuerdo con el Artículo 15.1 de la Ley General de Armas.

Para  el  experto en  criminalística, David  Villarreal, si desde el año 2011 se decretó la prohibición de importación de armas de fuegos, y los únicos que podían ingresar armas por medio de compra era el Estado panameño, a través  de los estamentos de seguridad, no puede ser entonces, que con astucia y maniobras delincuenciales, una compañía privada utilizara a estos estamentos para importar y vender al público armas exclusivas para la fuerza pública y no para particulares.

Señala que lo peor es que,  existiendo prohibición de importación, las mismas se registren con complicidad de la DIASP, y se extiendan los permisos de porte.

Sería interesante hacer un inventario del 2011 a la fecha, para determinar  cuántas armas ha comprado a través del Estado y si las mismas están en manos de estos o de particulares. Si esto ocurrió hasta los presidentes y ministros deben ser investigados, agregó David  Villarreal.

Una  investigación por la presunta  comisión  de un delito  contra  la seguridad colectiva en la modalidad de posesión  y tráfico de  armas y explosivos, radica en   la Fiscalía Superior Especializada  contra  la delincuencia Organizada.

Los  hechos  se remontan  al 11 de  marzo  del año  2019, luego de  un  oficio remitido  por el Jefe  de  la Unidad Especial de  Informaciones  Sensitivas  quien  pone en conocimiento  que el día 9 de marzo  de ese  año una unidad  bajo su cargo,  recibe  información  delicada  consistente  en ciertas  actividades  que se dieron  o se están  dando, consideradas  como  tráfico internacional de  armas  de guerra, armas  que  llegaron  al país  para  algún estamento  de  seguridad  del Estado, pero  las mismas  fueron registradas  por medio de algún  mecanismo de  falsificación  a  personas  naturales.

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