Una institucionalidad totalmente desenfocada
Por Edmundo Dante Dolphy
Son constantes los llamados a la institucionalidad de la boca de diversos sectores sociales del país, de células del poder económico que buscan cogobernar o sencillamente escalar al “Olimpo” con el eterno argumento de la corrupción que hace metástasis en los tres órganos del Estado.
Para algunos la institucionalidad se caracteriza por el balance entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, de que se respete el imperio de la Ley dentro de un estado de derecho -nada más alejado de la realidad en nuestros días- donde observamos la aplicación de leyes para dos bandos, los que pertenecen al partido de gobierno con patente de corso para actuar por encima de cualquier normativa y los descamisados o ciudadanos que viven en un estado de emergencia que los despojó de todos sus derechos.
No podemos mirar la institucionalidad como un ente amorfo o frío, alejado del núcleo más importante de la sociedad que es la familia, en mi concepto, la mejor organización que existe en el mundo. ¿Porqué la familia? Porque de ella emana la unidad, el fortalecimiento de los valores morales cuya ausencia en la arena política es precisamente la que desangra la nación, la que abusa del pobre, la que somete al indígena, la que promete mejorar la calidad de vida de los más vulnerables que en números se calcula en 750 mil panameños que viven en pobreza multidimensional, hoy con cifras mucho más alarmantes por esta pandemia maldita.
Los subsidios permanentes y sin fiscalización de sus resultados como agente de cambio, jamás expulsará de la pobreza al hombre, al contrario, lo acostumbra al menor esfuerzo y no lo estimula a explorar los caminos de la transformación.
Años tras años el ciudadano lee y escucha hablar del Presupuesto General del Estado por el orden de los 24 mil millones de dólares anuales, cifras que se manejan desde el gobierno de Juan Carlos Varela. Señores, en cada quinquenio los gobiernos administran alrededor de 120 mil millones de dólares. Mi pregunta es: ¿Dónde está esa fortuna? Cuánto de ese dinero se destina a la justicia social, a la elaboración de políticas públicas concretas dirigidas a mejorar sustancialmente la educación? Y cuánto de esos recursos se deslizan por las oscuras cañerías de la corrupción que le quita oportunidades a miles de personas.
La institucionalidad significa custodiar con celo los recursos nacionales y caerle con toneladas de justicia a los servidores públicos que se enriquecen del erario, que aprovechan el poder para obtener lo que con sus propios recursos no lograron, dejando abajo a niños, jóvenes y adultos mayores con los estómagos vacíos sin la esperanza de un mejor mañana.