Telefónicas desconocen dueños de miles de líneas tras incumplimiento de la ley de registro de datos
Esta violación a la ley 51 de 18 de septiembre de 2009 está provocando que delincuentes obtengan una línea fantasma y cometan sus fechorías, sin dejar rastros
Redacción / La Verdad Panamá
Las cuatro compañías de servicio de telefonía celular que operan en Panamá, desconocen quiénes son los dueños de miles de líneas activas, tras el incumplimiento de la ley de registro de datos de sus clientes en el punto de venta, situación que aprovechan los delincuentes para obtener un chip y cometer estafas desde aquel número fantasma, sin dejar rastro alguno.
La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional reveló que tan solo este año se han presentado 4,100 denuncias y que cada día se cometen 11 estafas a través de líneas telefónicas de celulares que no se encuentran registradas en la compañía telefónica.
La Verdad Panamá hizo la compra de tarjetas sim o subscriber identity module de las compañías Más móvil, Tigo, Digicel y Claro, todas adquiridas en el comercio local, a un precio de B/. 1.25, sin la entrega de cédula, ni registro alguno antes ni después de recibir el chip, lo que es una clara violación a las normas vigentes.
El abogado Alfonso Fraguela dijo que la ley no habla de discrecionalidad y fue creada con la finalidad de conocer quién es el propietario de la línea telefónica y así desaparecer el anonimato en las llamadas o en las comunicaciones, para evitar con ello delitos y dar seguimiento a las organizaciones criminales que operan de esa forma.
Agregó que los delitos de estafa, fraude, secuestro entre otros son los actos delictivos frecuentes que afecta a la población, por ello la obligación de llenar los requisitos para la compra de un chip son vitales, pues de esa manera se puede dar seguimiento a cualquier persona que ejecute un acto delictivo de una manera más rápida.
“La única forma que se pudiera vender esos chips sin ningún control, es que la ley fuera derogada, y pienso que ese no es el fin porque fue un primer paso para mantener controlada a las personas que participan en hechos delictivos”, sostiene Fraguela.
La Verdad Panamá conoció que lejos de derogarla, lo que se está ventilando en la Asamblea Nacional es un proyecto de ley para endurecerla, aumentando a 5,000 dólares la multa por no registrar los datos de la persona que adquiere la línea telefónica y prohibiendo que dejen de ser centros autorizados para la venta de chips, las abarroterías, minisúper y supermercados.
Las cuatro tarjetas sim adquiridas por La Verdad Panamá, para comprobar la violación a la norma fueron compradas en minisúper de asiáticos y puestas en funcionamiento sin que algún personal de las compañías interviniera de forma remota para dar acceso al uso de la línea telefónica.
Así la línea telefónica 69181606 de la compañía telefónica Más móvil fue activada tras marcar el número *165#, instrucción que es indicada en el mismo cartón y donde además indica que se hace la respectiva recarga marcando *166*pin de la tarjera de recarga#, todo sin la intervención de ningún operario y sin nuestra identidad.
De igual forma, el número 61676006 de la recién estrenada empresa Tigo, fue activado de forma distante con solamente digitar el numero *312, no se tuvo que llamar a atención al cliente, por lo que la compañía desconoce en manos de quién se encuentra esta nueva línea activa, en clara violación a las normas vigentes.
En tanto el chip con el número de celular 61577665 de la compañía Digicel quedó activado de forma exitosa al marcar el numero *120# y quedando disponible para poder ser utilizado bajo el anonimato, en claro incumplimiento a la ley.
Por su parte, la tarjeta sim de la empresa Claro con el número telefónico 61722417 fue habilitada para su inmediato uso con solamente marcar el *103#, lo que también es un claro abuso a la ley 51 de 18 de septiembre de 2009 ya que la compañía desconoce el nombre del propietario de la línea.
Las compañías telefónicas mantienen una base de datos al día con sus clientes de post pago, lista que también deberían tener para las miles de líneas de prepago que se encuentran activas en las calles y que según los expertos superan a la cantidad de habitantes que hay en el país.
La norma que dicta las medidas para la conservación, la protección y suministro de datos de las comunicaciones en sus artículos 11, 12, 13 y 14 explica que la información retenida será suministrada al Ministerio Público o a la autoridad judicial para la investigación de delitos, tras su solicitud.
Desde las cárceles del país son incontables las estafas que se realizan, utilizando una línea telefónica cuyo propietario se encuentra bajo el absoluto anonimato, debido al incumplimiento a la ley de las empresas telefónicas que no exigen los datos de la persona que adquiere el nuevo chip.