Reportajes

SPIA pide modificaciones a Ley de Contrataciones Públicas

La Ley  de  Contrataciones Públicas no solo atenta  contra  el ejercicio profesional de los  ingenieros  y arquitectos, sino que también  incide  negativamente  en  la calidad de  las  obras, declaró  el  arquitecto  José Batista  durante  su participación en el foro  de  Contrataciones Públicas, denominado: Una visión desde las  buenas prácticas  en la arquitectura, celebrado en  la Universidad  Santa María  la Antigua.

Desde   el gobierno  de  Ricardo Martinelli la referida  ley estaba maltrecha, debido a  las ocho modificaciones que  se  le hicieron  para adecuar la ley a los contratos y no los contratos a  la ley, indicó  el expresidente de la  SPIA.

Uno de  los primeros compromisos  del actual gobierno  fue  el de reformar  la Ley  22 de  Contrataciones  Públicas;  sin  embargo, no ha habido voluntad  política  y,  paradójica mente, continúan  realizando  las contrataciones con las  mismas reglas  que propician  los actos de  corrupción, manifestó  Batista.

Considera  el arquitecto  Batista  que  todas  las obras  públicas  deben tener  su origen  en el  ordenamiento  territorial, eso  es lo que debemos hacer  y  acabar  con los proyectos  “Llave en mano”  que promueven la improvisación  y excluyen a los profesionales  idóneos  panameños.

Por  su parte, la presidenta de la  SPIA, Marisín  Lombardo  hizo énfasis  en el manejo de los  pliegos  de cargos  para los mega proyectos, los cuales   son preparados  y adecuados para  las  grandes  firmas  de construcción extranjeras, en claro perjuicio  de los  panameños.

Los  actos en sì entrañan  actos de corrupción, afirmó  la presidenta  de la  SPIA  y también  de la Junta  Técnica  de  Ingeniera  y Arquitectura.

La  representación  del gobierno estuvo  a cargo  de Jorge  Acosta de la Dirección  Nacional de  Contrataciones  Públicas, quien  resaltó  las acciones  que  impulsa  esta  entidad  en materia de proyectos institucionales como  la  Versión 3  de  Panamá  Compra, mediante la cual  se pretende  disminuir  significativamente  los  actos de corrupción.

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