Sin investigaciones científicas no se podrá combatir la actividad criminal
Redacción La Verdad Panamá
El desmantelamiento de la Policía Técnica Judicial (PTJ), paradójicamente se ha convertido en un aliado de la actividad criminal en Panamá.
David Villarreal, abogado e inspector retirado de los laboratorios de criminalística de la otrora PTJ, indicó a La Verdad Panamá que antes de ser desmembrada esta institución por intereses políticos u organizaciones inclinadas al lado oscuro de la justicia, ésta venía desarrollando y proyectando una organización técnica-científica con el objetivo de combatir el crimen organizado y toda actuación delictiva con el aporte de evidencias y pruebas necesarias para lograr una justicia eficaz, eficiente y oportuna.
“Gracias a la manipulación y ansias de poder de algunos funcionarios del Ministerio Público y políticos, que andan envueltos en lado oscuro de la ley, afectando el desarrollo de una Policía científica, no se puede castigar a los criminales, con evidencias y pruebas no científicas”, afirmó el experto.
Los equipos e instrumentación adquiridas y gestionadas por los últimos directores de la PTJ y de los laboratorios de criminalística, como el AFIS, IBIS, VCC, microscopios de alta definición y equipos de química forense, eran el preámbulo de la modernidad y fortalecimiento de investigaciones prístinas y transparentes, con el objetivo de brindarle al Ministerio Público y Órgano Judicial, evidencias y pruebas irrefutables a favor o en contra de los investigados, dijo David Villarreal.
Alejado totalmente de la política, encerrando a los culpables y absolviendo al inocente, era la finalidad de las investigaciones criminales científicas, concluyó.
Estas declaraciones se suman a otras reacciones generadas por los últimos fallos emanados del Sistema Penal Acusatorio en donde jueces de garantías han ordenado liberaciones inmediatas a personas supuestamente vinculadas a organizaciones criminales.
Queda determinar si los referidos fallos obedecen a falta de evidencias y de un trabajo investigativo robusto por parte de los fiscales del Ministerio Público.