Objetan pruebas a expresidente Martinelli
La Fiscalía objetó hoy 67 pruebas presentadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en la audiencia intermedia o de acusación seguida por el Supremo panameño al exgobernante por supuestas escuchas ilegales a opositores y periodistas en su mandato.
El magistrado fiscal, Harry Díaz, refutó en la audiencia por impertinente, inconducente y hasta superfluo un total de 6 pruebas testimoniales aportadas por la defensa.
Díaz también objetó 59 pruebas documentales y 2 periciales, al considerarlas inconducentes e improcedentes por no ser el medio idóneo para probar o acreditar lo que se pretende en ese sentido por parte de la defensa, informó el Órgano Judicial (OJ).
Al terminar la fase de objeciones, el abogado defensor Sidney Sittón leyó una nota de Martinelli en la que este vuelve a insistir en su “inocencia”, en la naturaleza “política” del proceso y en la que responsabiliza a los que lo tienen detenido de lo que le pueda suceder por su “precaria” situación de salud.
Con la argumentación de la salud, la defensa ha intentado se revoque la detención provisional de Martinelli.
En la nota leída este miércoles por Sittón, Martinelli reiteró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tiene competencia para juzgarlo porque él ya es no diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un cargo al que renunció en junio pasado.
Con relación al reclamo de Martinelli a ser evaluado por su salud, el magistrado fiscal expresó que no tiene inconveniente en que sea revaluado, siempre y cuando no sea en esta fase de audiencia intermedia para que no se retrase la misma.
Díaz planteó que esta revaluación de la salud de Martinelli se puede hacer durante la fase de ponderación de las pruebas que tendrá a su cargo el juez de Garantías, Jerónimo Mejía, y que será extensa.
Pero el fiscal “sí advirtió que considera sumamente importante que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en cuanto a la competencia, pues sería desastroso que lo haga durante el juicio”, según el comunicado del OJ.
La defensa volvió a presentar un recurso ante el Supremo en un intento, hasta ahora fallido, de que el caso pase a la Justicia ordinaria.
El magistrado de juez de Garantías había dicho que cuando el fiscal presentó la acusación, en octubre de 2015, el expresidente era diputado regional y que eso radicó la causa en el Supremo, que por ley es el único autorizado para procesar a los legisladores del país.