Nica Act: reclamo de US$17.000 millones del gobierno de Nicaragua a Estados Unidos ante La Haya
Hace 31 años, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor Nicaragua y en contra de Estados Unidos. En aquel entonces, el tribunal declaró a EE.UU. responsable de “actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua” y le mandó a pagar una indemnización al país centroamericano. La misma fue estimada en US$17.000 millones por el gobierno que entonces también presidía el sandinista Daniel Ortega.
Fue una humillante derrota para el gobierno del republicano Ronald Reagan en plena Guerra Fría. Ahora, esta sentencia de 1986 vuelve a estar en el centro de una disputa entre ambos países.
“Nica Act”
El jueves pasado, el Comité de Relaciones Internacionales de Cámara de Representantes de EE.UU. votó un proyecto de ley llamado Nicaraguan Investment Conditionality Act (“Ley de Condicionamiento a la Inversión Nicaragüense”), más conocido como la “Nica Act”.
Este proyecto busca bloquear “los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua”, a menos que este “tome medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes”.
La “Nica Act” también establece otras condiciones como el fortalecimiento del estado de derecho, el combate de la corrupción y el respeto a la participación de partidos opositores.
El Congreso de EE.UU., que ya aprobó leyes similares respecto a Honduras, Guatemala y El Salvador, no ve con simpatía a Ortega, quien mantiene estrechas alianzas con países como Rusia, Irán y Venezuela.
Y si bien este es el primero de una serie de pasos que el proyecto debe cumplir para convertirse en ley, su mera votación en un comité fue suficiente para generar una reacción en el gobierno nicaragüense.
La reacción de Ortega
El mismo día en que la “Nica Act” avanzó al plenario de la Cámara de Representantes, el gobierno de Ortega anunció su “rechazo” y “condena” a lo que calificó como “la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de EE.UU. en Nicaragua”.
Según el pronunciamiento oficial, “el Estado nicaragüense ha iniciado un proceso” para exigir a EE.UU. “el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y gobierno de Nicaragua, por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales”.
En la página oficial del tribunal donde se describe el caso todavía no se ha constatado el nuevo reclamo nicaragüense.
Pero el parlamento nicaragüense ya aprobó una propuesta de Ley de Defensa del Patrimonio Nacional que Ortega había sometido con carácter de urgencia.
Dicha ley ordena a todas las instancias correspondientes del Estado de Nicaragua proceder a ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia de la Corte de La Haya.
Pero, ¿cuáles son las posibilidades de que el pequeño país centroamericano en una nueva batalla?
Difícil
“La reactivación sería algo muy difícil de lograr”, dijo a BBC Mundo Mauricio Herdocia, abogado nicaragüense experto en derecho internacional.
Estados Unidos nunca reconoció la jurisdicción de la CIJ en el asunto y por ende su sentencia. Y en 1991, la entonces presidenta, Violeta Barrios de Chamorro,renunció al reclamo de indemnización contra EE.UU.
Aunque, según Herdocia, “Nicaragua puede encontrar los argumentos jurídicos que le permitan avanzar una acción de esta naturaleza en la Corte Internacional de Justicia, particularmente separando lo que es el desistimiento de determinados procedimientos de lo que son los derechos sustantivos, en este caso, el derecho a la reparación”.
Por su parte, el jurista nicaragüense Oscar Castillo dijo a la Agencia Efe que el gobierno de Ortega puede hacer poco o nada ante La Haya y que esa táctica no detendrá la aprobación de la “Nica Act”.
“Nicaragua reacciona sobre algo que es posible. Es decir, yo puedo demandar a cualquiera, puedo demandar por pago. Lo que no tengo garantizado es que mi demanda vaya a ser admitida, ni que vaya a tener un fallo favorable”, explicó Castillo.
Mientras que el abogado y exdiputado opositor Eliseo Núñez le dijo al diario local Confidencial que el anuncio del líder sandinista no está dirigido a los congresistas de EE.UU. sino a sus bases: “Ortega necesita volver a la retórica de los años 80 para consolidar una base que tiende a desmoralizarse”.
A futuro
Tanto Herdocia como Núñez consideran que si la “Nica Act” llega a convertirse en ley, tendrá fuertes efectos en la economía del país centroamericano.
EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de Nicaragua y la principal fuente de remesas, alcanzando el 6% del producto interno bruto, además de generar 300.000 empleos con sus inversiones.
Y, según Herdocia, la aprobación de la “Nica Act” no sólo bloquearía el acceso del gobierno a determinados préstamos, sino que también haría peligrar la inversión internacional.
“Lo que queremos (los nicaragüenses) es una política ganar-ganar”, explicó Herdocia, quien se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
Es decir, “que el platillo de la balanza económica se fortalezca y que el platillo que está débil, que es el de la política y la democracia, también gane”, permitiendo, por ejemplo, procesos electorales observados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las elecciones municipales de noviembre son una buena oportunidad para permitir la observación de la OEA, dijo Arthur Estopiñan, quien trabajó como jefe del equipo de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora de la “Nica Act”.
Ante un grupo de periodistas en Managua, Estopiñan afirmó que esta movida podría impedir que el proyecto se convierta en ley.
Pero por el momento no hay nada que sugiera que el gobierno de Ortega esté dispuesto a dejar que le tuerzan el brazo.