Enfoque Global

Más de 6.700 rohingya murieron en un mes por la violencia en Myanmar, según informe de Médicos Sin Fronteras

Al menos 6.700 rohingya murieron tras estallar la violencia en Myanmar en agosto, asegura un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).

La organización, que se basó en informes de refugiados en Bangladesh, afirma que el número es mucho más alto que la cifra oficial de 400 que dio el gobierno.

Y calcula que hasta 9.000 pudieron haber muerto en el estado de Rakhine entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre.

En un cálculo “más conservador”, al menos 6.700 de esas muertes han sido causadas por violencia, y entre ellas hay 730 niños menores de 5 años, expresa la organización.

“Violencia extendida”

MSF indica que éste “es el indicio más claro hasta ahora de la violencia extendida” de las autoridades de Myanmar.

Anteriormente, las Fuerzas Armadas de Myanmar declararon que unas 400 personas habían muerto en la violencia de la que acusan a los que califican de”terroristas”.

También niegan cualquier actuación incorrecta.

Más de 647.000 rohingyas han huido hacia Bangladesh desde agosto, según MSF.

Han surgido muchos informes detallados de periodistas e investigadores, basados en entrevistas conducidas con refugiados, que hacen muy difícil disputar los terribles abusos de derechos humanos que se llevaron a cabo en manos de las fuerzas de seguridad.

Pero muchos de estos informes se centran en los peores casos. Hay varios informes en los medios sobre masacres en un poblado llamado Tula Toli. Algunos rohingya que yo entrevisté me dijeron que habían huido temerosos de la violencia, pero que ellos no la habían experimentado.

Esta nueva cifra bien investigada de MSF sugiere que la operación conducida por las Fuerzas Armadas fue suficientemente brutal para plantear la posibilidad de presentar el caso en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.

El problema es que Myanmar no ha ratificado el Estatuto de Roma de la CPI y no está obligado a cooperar con ésta.

Presentar el caso requeriría la aprobación de todos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y China hasta ahora ha dado su apoyo total a la forma como el gobierno de Myanmar está manejando la crisis.

Las autoridades de Myanmar niegan la ciudadanía a la minoría principalmente musulmana de rohingyas, a quienes ven como inmigrantes de Bangladesh.

El gobierno no usa el término rohingya sino los llama musulmanes bangladesís.

Las enérgicas medidas de las Fuerzas Armadas comenzaron el 25 de agosto después de que militantes del Ejército de Salvación Arakan Rohingya atacaron más de 30 bases de la policía.

Después de una investigación interna, el ejército de Myanmar se exoneró a sí mismo en noviembre de cualquier responsabilidad en la crisis.

Negó haber matado a civiles, haber quemado sus poblados, violado a sus mujeres y niñas y robado sus posesiones.

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