Investigación sobre abusos de menores debe alcanzar a los autores materiales, coautores y cómplices
Redacción La Verdad Panamá
Si la investigación sobre los abusos y maltratos a niños y adolescentes en albergues se sigue planteando como artificio político para atacar y sacar provecho, correrá la posibilidad de que termine como una novela que llega a su final y no pasa nada.
Estas son las consideraciones del abogado Luis Fuentes Montenegro que apuesta a una investigación con transparencia en la que se ubique a los autores materiales, los coautores y cómplices de estos actos delictivos.
Esto es gravísimo y reprochable, las responsabilidades penales deben ser rigurosas, pero debe saberse que una cosa es la responsabilidad penal de los abusadores, es decir, los autores materiales, los coautores, los cómplices del acto delictivo cónsono a lo que determinan las normas penales y procesales penales y otro asunto es creer que las responsabilidades penales se deben establecer por consideraciones políticas, por criterios al margen de lo que señalan las leyes, lo cual es erróneo, apuntó Fuentes Montenegro.
Sostiene el jurista que en la medida que este tema de los abusos se plantee por motivaciones políticas, ya sea para atacar, para cuestionar, en esa proporción las respuestas tendrán dosis de naturaleza política para contraargumentar, defender, en consecuencia; un asunto tan delicado corre el riesgo de ser un mero dilema entre políticos enfrascados en dimes y diretes.
Al mismo tiempo -expresa- allí está el tema de los fondos públicos que se asignan a los albergues, si los mismos han sido administrados correctamente, quiénes fueron los funcionarios que han tenido roles en esas asignaciones, en qué gobiernos, y quiénes son las personas que han estado vinculadas a la administración de esos fondos públicos. En este aspecto, se pueden hallar las motivaciones y molestias de algunos.
Recordó que los albergues, en su mayoría son de entes privados, manejados por personas particulares mediante ONG, hay que investigarlas en específico, es decir, si han tenido o sostenido cercanía con los hechos delictivos de los menores abusados. Pero lo que no puede hacerse es desprestigiar al garete nombres, organizaciones, gestiones porque se les quiere afectar políticamente o porque se quiere descalificar en el fragor de las presiones.
Indicó que la supervisión del Estado, de los entes públicos sobre los albergues, es una potestad, y por supuesto que sus directivos pueden tener responsabilidades, pero esas responsabilidades son sobre el acto u omisión de la supervisión como entes rectores, pero para que a un directivo de este gobierno o de los pasados, se les atribuya responsabilidades penales, sólo puede ser si alguno participó o tuvo participación en los actos de abusos.
“Existe una especie de pesca en río revuelto por personas, grupos que aprovechan cualquier tema de la naturaleza que sea para sus afanes políticos y personales, so pretexto de proyectarse como defensores radicales de “derechos” y de “una justicia” que interpretan muchas veces al margen del Estado de Derecho”, concluyó Luis Fuentes Montenegro.
Gobierno no cumple con su misión de protección
Por su parte, el abogado José Moncada señala que se hace evidente que el Ejecutivo hace muy poco por encerrar en las cárceles a quienes siendo parte del SENIAF y de los albergues macabros lesionaron la psiquis de menores de edad.
El gobierno no solo ante la ciudadanía da una perspectiva de corrupción, sino que no cumple con el artículo 17 de la Constitución que ordena a las autoridades a proteger la vida, honra y bienes en esos mal llamados albergues de tortura y perversión, ni antes ni en el presente se siente la protección ni a las vidas ni a la honra de esos niños.
La sociedad se ha dividido entre políticos que quieren destruir para su conveniencia las instituciones de la familia y el interés del menor y una población cristiana maltratada y atemorizada por cuanto no hay planes de protección y control contra estos delincuentes, quienes deben estar presos y en estos momentos transitan por las calles en total impunidad.