Insistiremos para lograr una reforma electoral justa y equitativa, dice magistrado Araúz
El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz Sánchez, dijo que la presencia del TE en la discusión de las reformas electorales, no es para complacer a nadie, sino para explicar con argumentos y sustentos jurídicos la viabilidad del proyecto que modifica el Código Electoral, tal cual fue presentado a este órgano del Estado en febrero pasado.
Agregó que sostendrán las reuniones que sean necesarias con los diputados, y que esto no significa complacer a nadie. Si bien avanzamos en el primer debate, hay temas que merecen ser retomados para garantizar el fortalecimiento de la democracia panameña. El tema de la paridad, es una prioridad, lo mismo que se respete el financiamiento público preelectoral del 15% para los candidatos por la libre postulación ya que la institución cuenta con cifras estadísticas que establecen una participación de respaldo de la población a estas candidaturas por ese 15%.
Reconoció como positiva la propuesta de la bancada de Cambio Democrático, de retirar una propuesta encaminada a modificar el Código Electoral en cuanto a cambios en su juntas directivas antes del vencimiento de su periodo, lo que sin duda promovía la inestabilidad de los partidos políticos constituidos.
El magistrado presidente también vio como positiva una propuesta expresada en el periodo de incidencias por una diputada del PRD, de revisar minuciosamente el sistema de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Esperaremos a que dicha propuesta llegue a manos de los magistrados para analizarla con nuestro equipo técnico.
Estamos dispuestos a conversar con los diputados durante las discusiones de estas reformas, no para obtener cambios cosméticos, sino para hacer una ley equitativa, transparente y en igualdad de condiciones para todos los actores políticos del país.
Araúz reiteró que si la Asamblea Nacional, no atiende las argumentaciones expuestas por el Tribunal Electoral, no se descarta la posibilidad de acudir a la esfera judicial para demandar la inconstitucionalidad de algunos artículos contenidos en la norma, porque violan de manera flagrante la Constitución de la República de Panamá.