Día del Periodista en Panamá, inestabilidad y adversidad laboral
Por: Abdel Fuentes
El autor es periodista y docente universitario
Conmemorar esta fecha implica rendir un homenaje a la memoria de Gaspar Octavio Hernández, pero también denunciar las injusticias que a diario debe enfrentar el periodista.
El Código de Trabajo, creado a fines de 1971 y modificado hace 24 años, en 1995, pese a impedir el despido injustificado -artículo 211-, deja la opción al empleador para que lo ejecute – artículo 218-. En esta circunstancia la ley permite al patrono pagar al trabajador una indemnización y un recargo adicional -artículos 219 y 225-.
Pese a que al reintegro está consignado en el código laboral -artículo 220- no existe garantía de que el periodista esté exento de persecución por parte de algún sicario de la empresa, que no siempre es decisión del dueño del medio. Ante el asedio, el periodista se ve obligado a renunciar o aceptar la figura de mutuo acuerdo – eufemismo de despido-.
Los colegas en el interior del país, que suelen trabajar como corresponsales de medios, disponibles a cualquier hora o día de la semana, son víctimas del abuso laboral. En sobrados casos solo se les paga por información, desconociendo las prestaciones a las que tienen derecho.
El empresario o representante del medio, que no es periodista -salvo las excepciones de los traidores-, mira al profesional del periodismo como una pieza más en el engranaje de intereses de la empresa.
Abundan los usurpadores de la profesión. Se autodenominan periodistas por conducir un programa de opinión en radio o televisión, o escribir en algún diario, blog, o cualquier plataforma online. Y qué decir de aquellos que se alinean a favor de los intereses del poder económico, y de las matrices de opinión que dispongan los medios hegemónicos y las agencias internacionales de noticias.
Con la excusa del libre mercado y la libertad empresarial, los dueños de medios o sus representantes contratan a personas no idóneas. Por ello colocan a sus plebeyos como directores de periódicos y directores o jefes de noticias, pese a no ser periodistas, titulados o empíricos. Entre estos destacan abogados, sociólogos, publicistas, politólogos, profesores de secundaria, etc. Incluso ostentan puestos con títulos camuflados como vicepresidente de asuntos o servicios informativos.
La falta de regulación ha propiciado la anarquía. Aunque no son todos, en cumplimiento con la política editorial del medio para el que trabajan, los propios periodistas se convierten en verdugos de cualquier propuesta de ley que procure la protección de sus derechos, laborales y profesionales, incluyendo una escala salarial justa. Incluso en las informaciones que divulgan tienden a demonizar cualquier legislación internacional, como ocurrió en el 2013 con la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador. Urge convocar a esos colegas para moverles del desacierto.
Periodistas que desconocen sus derechos, o no se atreven a defenderlos, son manipulados para que acepten modificaciones a sus contratos de trabajo. Se les prohíbe opinar. El medio pretende proteger su imagen mediante el mito de la objetividad periodística. ¿Acaso no se trata de intimidar y perseguir al periodista? Exigir exclusividad al profesional del periodismo también se torna en una exigencia del medio, pese a no ofrecer ninguna compensación a cambio.
El periodista es irrespetado cuando es desplazado por advenedizos e improvisados, nacionales y extranjeros. Nada vale para directores, jefes y administrativos, ni el tiempo, ni la experiencia, ni la capacidad y madurez profesional y racional del periodista. Se le otorga mayor valor a los periodistas mediocres, dóciles y fáciles de subyugar, quienes además son premiados con jugosos salarios y otras prebendas.
Del otro lado de los privilegiados están los delatores, quienes indisponen a sus colegas, les difaman y desprestigian, sin importar que con ello logren que éstos sean despedidos. Regularmente cuentan con el beneplácito de jefes y directivos.
La concentración de medios de la que poco se habla, también repercute en la estabilidad laboral y salarial del periodista. Ocurre cuando un individuo, grupo familiar o grupo de empresas concentra la propiedad de varios medios de comunicación.
Un informe publicado en el 2016 por la Federación Internacional de Periodistas (FIP), sobre la concentración de medios en América Latina, concluye que la propiedad mediática impacta a los trabajadores de prensa “quienes ven dañadas sus condiciones de empleo, a partir, entre otras cosas, de la monopolización de la fuente laboral”.
El documento de la FIP cita varios testimonios. Uno de ellos emana del Sindicato de Periodistas de Paraguay: “Las personas que trabajan en multimedios se ven obligadas a generar materiales para las distintas plataformas por el mismo salario o a realizar múltiples funciones en el mismo medio. A medida que se profundiza la concentración, también se resiente la oferta laboral”.
En Panamá la inexistencia de un marco regulatorio deja abierto el camino a la concentración de medios, la cual destaca en la región.
La concentración de medios también vulnera el derecho a la información que tienen las personas, limita el periodismo de investigación y permite la manipulación de masas.
“Concentración de medios y libertad de expresión: Normas Globales y consecuencias para las Américas” es un informe publicado en el 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Aborda las implicaciones del tema en la región.
En sus conclusiones el informe de la UNESCO hace referencia a la argumentación que suelen formular los medios en el sentido de que regular la concentración es una restricción a su libertad de expresión. Añade que lamentablemente el comportamiento de los gobiernos en América Latina, con frecuencia, ha refrendado esa perspectiva. Pero plantea también que el derecho internacional impone a los Estados la obligación de restringir la concentración indebida de los medios.
Ante el riesgo de las injerencias y abusos de la política partidista de las naciones, el informe propone que las facultades regulatorias sobre los medios deben ser ejercidas por organismos independientes, es decir, que no formen parte de un Ministerio. Añade que se deben respetar los debidos procesos y el derecho de apelar las decisiones administrativas ante una corte de justicia.
Queda claro que la concentración de medios, además de atentar contra la libertad de expresión del periodista y el derecho a la información que tienen los seres humanos, pone en riesgo la condición y estabilidad laboral del periodista.
En conmemoración con esta fecha, defendamos con gallardía y dignidad los derechos del periodista. Unamos fuerza, no para propiciar diferencias y confrontaciones estériles, pero sí para denunciar las injusticias que se cometen contra los periodistas y exigir respeto y el cese definitivo de la inestabilidad profesional y laboral.