Denucian a supuestos Linces por el robo de 9 mil dólares
El juez de Garantías de Chiriquí, Wilbert Castillo, decretó afectación de derecho en el decomiso de 14 de los 16 teléfonos celulares, por parte del Ministerio Público, en la investigación que se sigue por un incidente que se registró el pasado 30 de diciembre de 2019, en el sector de Pedregal, en donde un señor interpone una denuncia, y aduce que supuestamente dos personas vestidas como las unidades de policía “Linces” le robaron 9 mil dólares.
El juez, en la audiencia de afectación de derecho, luego de escuchar las argumentaciones de la defensa privada y el Ministerio Público, decretó que éste último investigue solo los dos celulares de los unidades Linces que estaban de ronda por el sector de Pedregal, toda vez que la víctima solo indicó dos personas en el día del suceso, de los cuales existen elementos de vinculación mínimamente indiciarios. Los otros 14 teléfonos celulares deben ser devueltos a sus dueños, concluyó el juez.
Indicó además, que en lo referente de afectación de derecho por un allanamiento en la entidad de Los Linces en el Barrio Bolívar, en donde la defensa consideró que fue ilegal, debe ser presentado en otra instancia; y en lo referente a que hubo afectación, porque la defensa no pudo obtener la carpetilla del caso a tiempo, a lo cual el juez le hizo un llamado de atención al Ministerio Público, para que una vez que se inicie una investigación, los defensas deben tener acceso inmediato a la carpetilla.
En tanto, el defensa privado de las 16 unidades Linces, Dani Delgado, manifestó que solicitó la audiencia de afectación de derecho, debido a tres causales, la primera, por considerar que hubo ilegalidad en la diligencia de allanamiento, además que hubo una afectación patrimonial al decomisar los 16 teléfonos celulares, y una afectación al derecho a la defensa, por no haber tenido acceso inmediato a la carpetilla de este caso.
La Fiscal de la Sección de Atención Primaria, Kathy Rodríguez, señaló que a su consideración no se actuó de manera ilegal, porque se solicitó la orden de allanamiento firmada por un juez de Garantías, además considera que los teléfonos celulares son elementos de convicción para la investigación en este caso.