Banco involucrado en escándalo de coimas dice haber cumplidos leyes
El Global Bank de Panamá dijo hoy que la institución y su subsidiaria Factor Global actuaron dentro de la ley, tras revelarse su vinculación con un escándalo que involucra a altos exfuncionarios y el blanqueo de más de 40 millones de dólares supuestamente procedentes del cobro de sobornos a constructoras.
La Fiscalía reveló el lunes que la red de corrupción, integrada entre otros por las “más altas autoridades” de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda en el periodo 2011-2012, utilizó para blanquear los fondos ilícitos procedentes del cobro de sobornos a empresarios la actividad de factoraje estructurado, un servicio que ofreció Factor Global.
“Tanto el Banco como Factor Global cumplieron con todos los protocolos, regulaciones y procesos que exige la ley en la materia. Es importante destacar la total colaboración que hemos ofrecido a las autoridades y reiteramos el compromiso de continuar aportando al proceso de investigación”, indicó el Global Bank en un comunicado.
La Fiscalía dijo el lunes que 33 personas, ninguna de las cuales fue identificada oficialmente, y más de media docena de constructoras están vinculadas al caso llamado “Blue Apple”, que es investigado desde septiembre pasado.
Entre 2009 y 2012, Federico Suárez fue ministro de Obras Públicas, y fue relevado por Jaime Ford, que ocupó el cargo hasta 2014. Ambos mantienen medidas cautelares por un caso de supuestas irregularidades en un proyecto de ampliación de una autopista en la que se identificaron sobrecostos.
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas vinculadas al escándalo son Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A. (fundada en Costa Rica), Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.
En una comparecencia de prensa, la fiscal general panameña, Kenia Porcell, aseguró que las autoridades han logrado recuperar 20 millones de dólares del caso “Blue Apple”.
Reveló que empresarios y otros involucrados, mediante acuerdos de colaboración con el Ministerio Público, “han identificado para quiénes era el dinero, cómo se ejecutaba el delito, quiénes integraban la organización criminal”.
Según la Fiscalía, exfuncionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda exigieron a empresarios de la construcción “que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012 un porcentaje relacionado con el valor de la obra”.
Los pagos indebidos “debían ser depositados a la sociedad anónima ‘Blue Apple Services”, que a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, manejó, aproximadamente, 40 millones”, dijo la Fiscalía el lunes en un comunicado.
“Estos 3 bancos ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias luego de considerar que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional”, añadió el escrito oficial, mientras que Porcell dijo a la prensa que las instituciones era “Banesco, Capital Bank y Banco General”.
La Fiscalía dijo que identificó “las formas utilizadas para el blanqueo de capitales (…) principalmente a través del factoraje estructurado por una subsidiaria de Global Bank Corporation denominada Factor Global” además de “empresas de papel que fueron creadas para mover el dinero público”.
“Para el caso ‘Blue Apple Services’ y otras sociedades, en donde se menciona la actividad del factoraje realizada por nuestra subsidiaria Factor Global, deseamos aclarar que los contratos sujetos a tal ejercicio comercial fueron producto de licitaciones del Estado debidamente adjudicadas y refrendadas”, indicó Global Bank.
Añadió que “el Banco realizó las debidas diligencias, analizando e investigando la procedencia de los fondos que fueron recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas”.
Porcell ya había anunciado el pasado 30 de noviembre que se investigaba el caso “Blue Apple” y que daría, en su momento, detalles del asunto que, según dijeron medios locales entonces, involucraba constructoras panameñas que desviaban a terceras personas al menos el 10 % de las facturas que le cobraban al Estado.
Esta investigación se une a la larga lista de casos por presunta corrupción que investiga el Ministerio Público, entre ellos el escándalo de los sobornos de Odebrecht y las supuestas irregulares cometidas durante el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
