Auge y caída de la democracia política en República Doninicana
Por Juan Carlos Espinal
INFORME RED: La enraizada cultura del fraude en distintos estratos de la sociedad Dominicana es una muestra fehaciente del inminente peligro de desestabilización social. La Junta Central Electoral y la Presidencia de la República están llevando a esta sociedad hacia un sendero de confrontación permanente sin ningún tipo de necesidad.
Los jueces de la Junta Central Electoral y su presidente están obligando a las fuerzas sociales y políticas a lanzarse a las calles de forma permanente como respuesta al abuso de poder, el robo de urnas, la violencia ejercida en las pasadas primarias y la falta de transparencia. El gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina se encuentra atrapado en un mar de intereses privados, multinacionales como ODEBRECHT y el caso de sospecha de corrupción en Punta Catalina.
El PLD y su comité político está provocando el desorden, amenazando la estabilidad democrática, fomentando la desestabilización y aumentando las tensiones sociales y políticas. El hecho de presentar una firma extranjera sin licitacion para que audite los escáners utilizados en el fraude de las primarias del PLD está agotando la paciencia de la sociedad más comprometida con el orden constitucional, la permanencia de La Paz y la estabilidad democrática.
El gobierno encabezado por Danilo Medina Sanchez tiene el deber y la obligación de evitar por todos los medios posibles a su alcance una desgracia nacional. Constituye, ante todo, una grave violación a la institucionalidad democrática el hecho de que empresas vinculadas a ODEBRECHT y/o cuestionadas por la justicia de otros países pretendan en combinación con funcionarios publicos y empresas privadas realizar un fraude electoral masivo en las elecciones municipales y congresionales de febrero y mayo del año 2020.
No tiene ningún sentido crear una situación social y politica que desborde las pasiones y se salga de control. El gobierno dominicano y las instituciones nacionales deben obrar con tino y mucha prudencia para evitar que República Dominicana retroceda en los logros alcanzados en los últimos 50 años. República Dominicana no merece una guerra civil ni un sobre salto ni un salto al vacio. En el país las fuerzas sociales y políticas más comprometidas creen en La Paz, la confraternidad y en la preservación del estado de derecho. Que grupos económicos tanto locales como internacionales pretendan imponer una agenda determinada afín a sus intereses en desmedro de la población y el bienestar de la gente tan solo traerá consigo sufrimiento generalizado.
El gobierno dominicano encabezado por Danilo Medina está cometiendo graves errores de cálculo y colocándose en una situación cada vez más de alto riesgo al sumarse a una agenda que a este país no conviene. En las pasadas elecciones primarias del PLD toda la población observó como desde la presidencia de la república se financió un fraude electoral patrocinado por las instituciones públicas con dinero público y los jueces de la Junta Central Electoral en franca parcialidad.
Los dominicanos somos un pueblo trabajador con muchas características positivas. Es un pueblo sano, imbuido en su permanente preocupación hacia el desarrollo, el progreso y La Paz. Cuando la tiranía se ha levantado desde el poder para tratar junto a fuerzas extranjeras de imponer via la fuerza la opresión llegó la revolucion social, la guerra civil, la intervención militar extranjera, el golpe de estado y la incivilización.
Los dominicanos no merecemos un gobierno que aborrezco el orden público y viva de forma permanente articulando situaciones de ilegitimidad en el único objetivo de implantar por la fuerza una agenda política y económica que es rechazada por el 74% de la población. El 67% de los dominicanos cree hubo fraude en las primarias del PLD. El 70% rechazó un tercer mandato del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina se encuentra inhabilitado y el candidato presidencial del PLD es ilegítimo según la observación electoral de USAID en República Dominicana.
El 62% de los dominicanos no cree en la palabra del presidente y 56% cree que su situación económica estará peor al finalizar este fracasado gobierno. Estamos en una situación inminente de alteración de los hilos constitucionales, del debilitamiento de los poderes públicos y de una inminente fragmentación de la sociedad Dominicana.
Los hombres y mujeres de la clase media de esta sociedad así como los micro y medianos productores y trabajadores no merecen ser llevados hacia un callejón sin salida. Este pueblo ha sabido responder a cada circunstancia que se ha presentado sin importar la dimensión de la provocación.
Si esta sociedad quiere paz la Junta Central Electoral y el gobierno dominicano están en el deber de permitir que la auditoría a los equipos utilizados en las primarias sean supervisados y analizados por la OEA , ONU y organismos de independencia probada para dar un carácter de transparencia, seguridad y tranquilidad a la población. República Dominicana no merece irse a las calles a defender la democracia de los abusos del poder. Evitemos una confrontación.
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