Veda de armas fue aprovechada por altos miembros de los estamentos de seguridad
La Asociación Panameña de Propietarios de Armas siempre manifestó que habían intereses detrás de la medida de mantener la veda de armas legales en el país y que los altos mandos de seguridad tenían que ver con ello, expresó a La Verdad Panamá el presidente de este gremio Isaac Brawerman, en reacción a la investigación que realiza la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada en un caso de posesión, tráfico de armas y explosivos.
Llama poderosamente la atención que esas armas fueron tramitadas en 2016, mientras que en marzo de 2017, el mismo Omar Pinzón, en una entrevista ante un noticiero televisivo, recomendó mantener la veda de armas legales, so pretexto de que “tenían muchos problemas con gente que le prestaba armas a los maleantes” y que era mejor “menos armas en las calles”. Esto a sabiendas de que había adquirido rifles deportivos de alto poder, meses antes, puntualizó Brawerman.
“Cabe destacar que Rolando López era Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, entidad que recomendaba al Presidente no eliminar la veda de armas. Al parecer, mientras esa era la recomendación, los principales encargados de la seguridad panameña se adueñaban del derecho a adquirir armas legales”, sustentó.
En cuanto a que sean armas de guerra, por los modelos publicados – sostiene el presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas- que no pareciera que lo son. Habría que ver si la fiscalía realizó la prueba de campo en polígono para determinar si las armas pueden disparar en automático o ráfaga, de acuerdo con el Artículo 15.1 de la Ley General de Armas.
Para el experto en criminalística, David Villarreal, si desde el año 2011 se decretó la prohibición de importación de armas de fuegos, y los únicos que podían ingresar armas por medio de compra era el Estado panameño, a través de los estamentos de seguridad, no puede ser entonces, que con astucia y maniobras delincuenciales, una compañía privada utilizara a estos estamentos para importar y vender al público armas exclusivas para la fuerza pública y no para particulares.
Señala que lo peor es que, existiendo prohibición de importación, las mismas se registren con complicidad de la DIASP, y se extiendan los permisos de porte.
Sería interesante hacer un inventario del 2011 a la fecha, para determinar cuántas armas ha comprado a través del Estado y si las mismas están en manos de estos o de particulares. Si esto ocurrió hasta los presidentes y ministros deben ser investigados, agregó David Villarreal.
Una investigación por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión y tráfico de armas y explosivos, radica en la Fiscalía Superior Especializada contra la delincuencia Organizada.
Los hechos se remontan al 11 de marzo del año 2019, luego de un oficio remitido por el Jefe de la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas quien pone en conocimiento que el día 9 de marzo de ese año una unidad bajo su cargo, recibe información delicada consistente en ciertas actividades que se dieron o se están dando, consideradas como tráfico internacional de armas de guerra, armas que llegaron al país para algún estamento de seguridad del Estado, pero las mismas fueron registradas por medio de algún mecanismo de falsificación a personas naturales.