Tribunal Superior de Apelaciones confirma medidas cautelares en caso de “Operación Furia”
El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó las medidas cautelares proferidas por un Juez de Garantías a ocho ciudadanos por la supuesta comisión del delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos que guarda relación con la “Operación Furia”.
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, en una video audiencia en el SPA de Plaza Agora, resolvieron los cincos recursos solicitados por las Defensas Técnicas Particulares y negaron la solicitud de cambio de medidas cautelares, al considerar que no les asiste razón a los defensores en los recursos presentados.
Un boletín del Órgano Judicial señala que al momento de entrar a analizar la solicitud de apelación presentada por el Ministerio Público, la decisión de los magistrados se basó en que la Fiscalía no logró sustentar la magnitud, ni la gravedad del riesgo de afectación de medios de prueba a efectos de obtener el cambio de la medida cautelar de retención domiciliaria por la de detención provisional, así como que dicho riesgo se ve salvaguardado por las medidas que fueron impuestas en primera instancia.
La decisión del Juez de Garantías, Erick González fue apelada por el Fiscal Emeldo Márquez Pittí, al igual que por los Defensores Técnicos Particulares, Julio Macías, Marcela Araúz, Johan Barrios, Rosendo Miranda y Víctor Alvarado. Para esta audiencia virtual, también concurrieron el Licenciado Gustavo Bailey, el Licenciado Luis Eduardo Camacho y el Licenciado Nicolás Brea.
El pasado 16 de julio de 2020, el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Erick González, decretó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del país y retención domiciliaria a seis (6) ciudadanos, mientras que a otros dos (2) ciudadanos, se le impusieron las medidas de reporte periódico el primer y tercer jueves de cada mes y la prohibición de salida del país.
Este hecho tuvo su origen en 2019 y guarda relación con una investigación denominada “Operación Furia”, que realiza el Ministerio Público dentro de un presunto caso contra la seguridad colectiva.