Trabajadores rechazan cualquier reforma al Código de Trabajo
La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), rechaza cualquier reforma al Código de Trabajo y exige transparencia en las contrataciones públicas en medio de la pandemia y que éstas no se conviertan en negociados de amigos como se ha denunciado.
El pronunciamiento de este gremio fue planteado en la mesa tripartita en la que presentó su visión y propuesta para que se analice y adopte una política coherente durante la actual crisis sanitaria y económica.
CONUSI exige que se respete los derechos laborales, los salarios y prestaciones e impedir los despidos. Si se adopta la modalidad del tele trabajo se le reconozca a los trabajadores todos su emolumentos, prestaciones, herramientas y condiciones de trabajo.
Una de las preocupaciones de este bloque de organizaciones sindicales radica en la posibilidad de que, sacando ventajas de la situación el gobierno flexibilice las normas laborales para que los empresarios desplacen a trabajadores y profesionales panameños con mano de obra más barata, so pretexto de importar talento extranjero.
Advierten los trabajadores que cualquier modificación temporal de las normas laborales no pueden ni deben vulnerar derechos básicos y fundamentales del trabajador consagrados en la Constitución y en leyes especiales. Hacen énfasis en que el sector empresarial y el gobierno se abstengan de proponer reformas ni parciales ni totales al Código de Trabajo.
Que en la mesa tripartita se discuta y reevalúe el contenido de las normas laborales emitidas por el Ejecutivo en el marco de la crisis de salud y así adecuarla a los principios de respeto de los derechos básicos de los trabajadores y el ejercicio de la libertad sindical.
En su propuesta la CONUSI propone como medida inmediata que los bancos y financieras, agencias de préstamos y entes crediticios como mueblerías no cobren las mensualidades ni los intereses de hipotecas, préstamos personales ni otros. Tampoco tarjetas de crédito durante el tiempo de la crisis.
Plantean que el gobierno debe evitar que la crisis sea aprovechada por los ultra millonarios, el capital financiero y grande empresarios para seguir succionando los fondos públicos y asaltar los recursos del Estado, del Canal de Panamá, de la Caja de Seguro Social y del Fondo de Ahorro de Panamá.