La Asamblea Nacional no ha jugado su papel de fiscalizador en este “estado de emergencia”
La Asamblea Nacional debe jugar su papel en medio de este estado de emergencia que puede conducir a la desobediencia al tener una población encerrada, con necesidades y que no poder subsistir con el dinero que en algún momento se le da, opina el abogado Ernesto Cedeño.
Este órgano del Estado puede jugar un papel preponderante como fiscalizador de la labor de algunos funcionarios de mando y jurisdicción, citándolos al hemiciclo legislativo para que rindan cuentas y den luces sobre las ejecuciones del estado de emergencia, indicó.
Lamentable que no se estableció un estado de urgencia que le daba la potestad a ellos para controlar los actos del Órgano Ejecutivo. No obstante, en sus comisiones pueden realizador esa labor, inclusive hasta con particulares que puedan proponer cambios económicos y legislativos para enfrentar esta pandemia, señaló Ernesto Cedeño.
Sostiene que la Asamblea Nacional tiene que jugar su papel en este estado de emergencia, en el que no vemos mejoría, “pudiéramos establecer cualquier cantidad de hipótesis ; lo ciero es que se tiene a un pueblo cautivo, encerrado y con un estado de necesidad que puede convertirse en un caldo de cultivo a la desobediencia”.
Creo que es importante abrir la convocatoria a que personas que no tengan que ver necesariamente con filosofías partidarias , puedan proponer -como pasó en otros países del sur- ideas , empoderar a la sociedad civil para ver si de alguna u otra manera se va resolviendo la causa, dijo.
Se han circunscrito al parecer, a escuchar a consultores médicos y no necesariamente son ellos los que pueden tomar una decisión de estado en favor de todos los panameños, existiendo mentes brillantes desde el punto de vista económico, filosfófico y que no están en un partido político necesariamente. En esto pienso que está fallando Panamá, puntualizó.
Preocupa que el estado de derecho se resquebraje
En tanto, Luis Fuentes Montenegro considera que el problema no es el “estado de emergencia” si el mismo de verdad corresponde a la necesidad de salvaguardar la vida y garantizar la salud de la sociedad. El problema es que en medio de un estado de emergencia, el Estado de Derecho se resquebraje sin que el derecho a la vida y a la salud se estén salvaguardando en debida forma, entonces la gente con justa razón cuestiona, pues ve que un estado de excepción está siendo aprovechado para enriquecer a unos, empobrecer a otros, para darle trato de ignorante a muchos y darse el juega vivo para beneficio de pocos. Ahí el dilema.
“En el caso de Panamá “el estado de emergencia” es sui generis. Primero, porque se ha establecido al margen del procedimiento constitucional, lo cual en algún momento futuro podría ser causa de juzgamiento penal para algunos. Segundo, dicho estado de emergencia se funda sobre normas de la ley de contrataciones públicas que es insuficiente e inaplicable para suspensión de garantías constitucionales. Tercero, este estado de emergencia ha apelado a normas del Código Sanitario, las cuales se han ido aplicando con propósitos y efectos más allá de lo que dicen las normas sanitarias en lo relativo a posibles interrupciones de garantías ciudadanas”, explicó el jurista.
A su criterio, se ha operado con desmesurado enredo y sobre uso de normas administrativas y normas especiales y se ha otorgado de hecho demasiada discrecionalidad a las interpretaciones de las mismas por parte de los funcionarios de la policía, algunas veces interpretando y aplicando dependiendo del momento y del estado emocional y eso es peligroso. El estado de derecho no debe ser resquebrajado y es un tema que el gobierno debe prestar mucha atención, porque se podrá convertir en su talón de Aquiles en un futuro próximo.