Corrupción en estamentos de  seguridad  debilita  el combate contra  la criminalidad

Los estamentos de seguridad se han visto vulnerados por una plaga de corrupción interna pues, las historias de narcotráfico y tráfico de armas en las que se ven involucrados miembros de todos los rangos son más comunes de lo que uno quisiera,  expresó a La  Verdad Panamá  Isaac Brawerman, Presidente de la  Asociación Panameña  de  Propietarios  de  Armas (APP).

No hay duda de que durante los últimos cinco o seis años, la delincuencia patria se ha empoderado, en parte por el descuido o negligencia de los organismos de seguridad estatales. Señala  que se  tiene información de que existen células de cárteles colombianos, centroamericanos y mexicanos en nuestro país.

Si Panamá  está en capacidad  de evitar que  los episodios de  violencia que se presentan  en México  nos  toquen, Brawerman  afirmó  que el  país  no está en capacidad de evitar los episodios de violencia entre organizaciones criminales, tal cual lo confirmó el comisionado Alexis Muñoz, Subdirector de la Policía Nacional, hace dos meses, cuando reveló que, a pesar de tener reportes de inteligencia que la vida de un individuo corría peligro, lo más que hicieron fue recomendarle que se reubicara. El individuo fue asesinado a los pocos días. Y lo anterior no se compara ni remotamente con la violencia que se vive en México, Honduras y El Salvador, donde los cárteles y pandillas protagonizan masacres y atentados con frecuencia.

Uno de  los aspectos  que  preocupa   a la población  es  el control  de  armas por parte  de  las pandillas  y el desafío a los estamentos de  seguridad. En este  sentido  manifestó  que controlar el acceso u obtención de armas ilegales por parte de las organizaciones criminales es tan difícil como impedir el tráfico de la droga, pues una va acompañada de la otra.

Durante el gobierno pasado hubo una política errada de que una ley administrativa de desarme (de víctimas) reduciría la capacidad armamentista de las pandillas; sin embargo, hoy nos hemos dado cuenta de la grave equivocación pues ahora aquellas están mejor armadas mientras sus víctimas completamente indefensas, sentenció.

“El hecho de que la víctima tenga un arma legal para su legítima defensa no es un deber sino una decisión muy personal pues todo depende del tipo de riesgo que la persona enfrenta, que puede ir desde robos comunes hasta extorsión, secuestro y homicidio”.

Es importante recalcar que el mero hecho de adquirir un arma no es la solución a todo mal, pues, para que dicha herramienta sea efectiva, la persona debe invertir tiempo y dinero en capacitarse en su correcto y eficaz uso, advirtió  el representante de la Asociación Panameña de  Propietarios de Armas.

Existe  temor en la  ciudadanía   que  con la apertura de los  demás bloques económicos  se dé un  incremento de la  actividad  criminal. Según  Brawerman, con el cierre de las actividades comerciales se vio un peligroso aumento en los homicidios y otros delitos. No es de sorprenderse que, ante la gravísima situación de desempleo y parálisis económica que enfrenta la población, se eleven las incidencias de seguridad.

Es así que ahora, más que nunca, se resalta la importancia de garantizar el derecho a la legítima defensa y se refleja ahora las consecuencias de haber impedido el acceso a herramientas de defensa durante largos años, tal cual sucedió en México y Brasil, por ejemplo, puntualizó.